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El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, nombró al licenciado Mauricio Saad Viveros como nuevo delegado de la Procuraduría General de la República en Sinaloa.
Su designación muestra la coordinación interinstitucional entre el gobierno del estado y la Procuraduría General de la República, misma que se traducirá en mayor confianza de la sociedad hacia las instituciones federales y estatales encargadas de combatir las manifestaciones del delito y procurar justicia.
El coordinador general de Delegaciones, Bernardo Espino del Castillo, tomó protesta a nombre del Procurador General de la República, a Mauricio Saad Viveros, quien afirmó que la delegación estatal continuará realizando un trabajo coordinado con los tres niveles de Gobierno para una adecuada procuración de justicia federal en favor de la ciudadanía de Sinaloa.
Además, refrendó su compromiso para seguir trabajando en la investigación y persecución de los delitos del orden federal bajo las directrices de eficiencia, eficacia, productividad, honorabilidad, imparcialidad y transparencia.
Saad Viveros agradeció también la confianza del Procurador General de la República, del gobierno del estado y de las autoridades federales y locales para designarlo titular de la Representación Social de la Federación en la entidad.
Previamente, Bernardo Espino y Mauricio Saad se reunieron con el gobernador del estado, Jesús Alberto Aguilar Padilla, y el Procurador General de Justicia de la entidad, Alfredo Higuera Beltrán.
Mauricio Saad Viveros es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se ha desempeñado como Delegado de la PGR en Morelos, así como agente del Ministerio Público de la Federación en Puebla, Querétaro y Baja California dentro de las áreas de averiguaciones previas, procedimientos penales y amparos.
Asimismo, fue vocal del Instituto Federal Electoral en Puebla y subdirector del Centro de Readaptación Social de San Pedro Cholula, en dicho estado, entre otros cargos.
De esta manera, el Gobierno Federal refrenda su compromiso de reconstruir integralmente las instituciones y sistemas de procuración de justicia y seguridad pública, en el marco de una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad nacional.
