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Defensoría itinerante, ampliación de servicios en materia familiar, civil y administrativa, así como nuevas instalaciones en el municipio de Cuautla, fueron algunos de los acuerdos de la primera sesión de la Junta de Gobierno del Instituto de la Defensoría Pública del estado de Morelos, a fin de representar legalmente a aquellas personas que por sus condiciones socioeconómicas no pueden contratar a un abogado para su defensa.
Paola Cruz Torres, titular de la dependencia estatal, planteó como una acción primordial mejorar los servicios a los usuarios, así como las condiciones laborales de las y los trabajadores.
Con estas acciones, se da cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia, de ejercer un Gobierno de territorio y dar acceso a la justicia a los que menos tienen.
Estuvieron presentes en la sesión Edgar Maldonado Ceballos, Consejero Jurídico en representación de la titular del Poder Ejecutivo; Armando Hernández Del Fabbro, director Jurídico de la Secretaría de Gobierno en representación del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito; Miguel Peláez Gerardo, subsecretario de Gobierno; Alejandra Pani Barragán, secretaria de la Contraloría; Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración; Mirsa Berenice Suarez Maldonado, directora general del Sistema DIF (SEDIF) Morelos; entre otras autoridades.
