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En el mes de enero el Congreso de Morelos recibió la propuesta de la gobernadora Margarita González Saravia para reformar el poder judicial para que la ciudadanía en las elecciones del 2027 elija magistraturas y jueces los cuales se propone solo duren máximo de 9 años.
Dentro de la reforma al poder judicial de Morelos que será discutida en el Congreso de Morelos de un momento a otro se establece que el Tribunal Superior de Justicia tendrá solo 9 magistrados. No se permitirá financiamiento público ni privado para quienes sean electos a participar en el proceso que durará 45 días de campaña donde no podrán contratar publicidad en medios de comunicación.
Pero además se propone modificar el artículo 94 de la constitución política de Morelos para que quien sea electo presidente del Tribunal Superior de Justicia solo dure tres años. Es decir, de aprobarse la reforma en próximos días, Luis Jorge Gamboa Olea tendría que dejar el cargo de presidente en mayo del presente año y no en 2026 luego de que el congreso le extendió su periodo a cuatro años.
Jorge Gamboa Olea intenta aferrarse a la presidencia del TSJ y bajo el argumento de que se necesita gobernabilidad quiere seguir al frente hasta 2027 lo que significaría que buscaría mover sus piezas para seguir con los controles dentro del poder judicial a pesar de las elecciones.
Sin embargo, sus propios compañeros magistrados señalan que su gestión ha estado marcada por diversas malas prácticas que han generado controversia dentro del Poder Judicial, entre ellas: El control sobre los jueces para influir en la emisión de resoluciones, lo que ha derivado en diversas denuncias.
La manipulación de medidas cautelares y libertades de actores políticos a través de operadores cercanos. Gastos excesivos y prescindibles, destinando recursos a eventos suntuosos, regalos a servidores públicos y decoraciones, mientras los juzgados carecen de insumos esenciales como impresoras, tinta y gasolina, ignorando observaciones de la Auditoría Superior del Estado.
La permanencia de allegados en cargos clave sin que desempeñen sus funciones de manera efectiva. El estancamiento de asuntos judiciales, con la celebración de una sola sesión del Pleno al año, dejando sin resolver incompetencias, amparos y otros casos relevantes.
Si en realidad se pretende democratizar el poder judicial se deberá acabar con beneficios y privilegios de algunos desde ahora y no esperarse hasta las elecciones de 2027.
