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A tres meses de su desaparición, se ha confirmado que Jethro Ramsés Sánchez Santana fue torturado y arrojado después a una fosa común en el municipio de Atlixco, en Puebla. La Procuraduría General de la República dio a conocer este miércoles que las pruebas de ADN practicadas al cadáver y a los familiares del joven ingeniero, dieron positivo.
“La PGR dice que después de haber hecho un análisis completo para ellos, para ellos sí hay identidad, para nosotros desde el punto de vista familiar nos daría certeza una vez que tengamos el resultado del perito particular seremos pacientes”, declaró el abogado Cipriano Sotelo Salgado abogado de la familia de Jethro.
Este sábado podría iniciarse todo el proceso de entrega del cadáver de Jethro a sus familiares, sin embargo, el abogado Salgado Sotelo aseveró que el caso sigue su curso.
“Hay dos órdenes de aprehensión en contra de dos militares me voy a reservar el nombre por cuestiones de secrecía, ya está participando policía internacional inclusive en su búsqueda y localización, hemos pedido al MP de manera formal y por escrito que se amplíe el ejercicio la acción penal en contra de dos coparticipes (…) Por lo menos son 4 personas además de los detenidos, la PGR está haciendo lo propio para fincar responsabilidad a los policías federales y a los municipales que participaron”, detalló.
Hasta el momento son solo dos los militares detenidos: el teniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero y subteniente José Guadalupe Orizaba Guerra, quienes han confesado presuntamente que torturaron y asesinaron a Jethro en las instalaciones del 21 batallón de infantería y después lo enterraron en Atlixco Puebla.
Por su parte el abogado de ambos militares procesados por tribunales militares descartaron que el caso vaya a pasar a manos de juzgados civiles “El martes llevé las pruebas de descargo consideradas prudentes para poder acreditar que ellos no mataron a la víctima en ese caso”, expresó el defensor de los militares Enrique Paredes Sotelo.
La defensa presentará a 15 testigos para demostrar la inocencia de los militares.
Por su parte, la Comisión de Derechos humanos del estado exigió justicia en el caso.
“Es doloroso saber que pudo haberse evitado como todos los casos pero sobre todo que pudiéramos pedir 100 mil veces la reparación de un daño en términos de la perspectiva de derechos humanos, pero yo me pregunto qué pensaría la familia si nos limitamos a una solicitud de reparación del daño, sino consideramos que debe haber una aplicación de la justicia”, declaró el secretario ejecutivo de la CDHEM, César Hidalgo Valverde.
