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Corrupción, impunidad e intereses extra-legales impiden que la justicia funcione en México, según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. El estudio replica la primera encuesta al respecto levantada en 2003.
El análisis realizado indica que los tipos de relaciones establecidas desde hace tiempo entre el ciudadano y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo que ha implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad, cuya restauración requiere un rediseño del Estado.
Los mecanismos de control del sistema político como pactar, ceder, negociar y repartir espacios de poder, permean el campo de la legalidad y obediencia a la ley, en un sistema donde su cumplimiento puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad.
La encuesta fue dirigida por el Héctor Fix-Fierro, titular del Instituto, y fue coordinada por la Julia Flores, responsable del Área de Investigación Aplicada y Opinión de la entidad universitaria, y con la participación de investigadores del IIJ, como Diego Valadés y Sergio López Ayllón, además de los expertos del Área de Investigación Aplicada y Opinión.
Metodología
La encuesta nacional se aplicó durante el mes de mayo a dos mil 208 personas de 15 años y más en sus viviendas. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, con un error máximo de más/menos 2.85 puntos porcentuales. Para comparar los datos obtenidos, se dividió al país en cuatro regiones.
Panorama nacional
La situación actual del país es calificada como muy negativa por los entrevistados. Siete de cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró, o sigue mal, y más de la mitad tiene perspectivas pesimistas para el próximo año. En 2003, fecha de la primera encuesta, la opinión tenía como referente el incremento de crímenes como el robo o el secuestro. Hoy, son la violencia generalizada y la delincuencia organizada.
Respecto a la situación política, casi la mitad de los participantes en 2003 y 2011 la describieron como preocupante; uno de cada seis, la calificó de peligrosa.
Sistema de Justicia
Los encuestados afirmaron que la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. Así, casi cinco de cada diez (47.7 por ciento) señalaron que su funcionamiento no es el idóneo y el 22 por ciento ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.
Casi seis de cada diez entrevistados (55.8 por ciento), afirmaron que los derechos humanos se respetan poco o nada en México.
La mitad valoró al amparo como medida de defensa legal poco efectiva frente al gobierno.
Seis de cada diez, señalaron que los juicios orales mejoran poco o algo la impartición de justicia en el país.
Constitución
Siete de cada diez entrevistados aprobarían la convocatoria de un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna.
Cinco de cada diez consideraron que la Constitución que tenemos actualmente ya no responde a las necesidades del país, principalmente quienes tienen más escolaridad y viven en la región centro.
Estado de Derecho y respeto a la ley
El 36.3 por ciento consideró que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con un 21.9 por ciento de opiniones desfavorables.
Con respecto a la aplicación de justicia por su propia mano el 51. 8 por ciento afirmó que los integrantes de una comunidad “no tienen derecho” a tomar en sus manos la aplicación de la justicia si un hombre comete un asesinato y las autoridades no actúan. En contraste, más de tres de cada diez creen que “si tienen el derecho” o lo tienen en parte.
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
En la misma proporción, valoraron que en ocasiones es “bueno” para el país que el Congreso de la Unión se oponga a las medidas del Ejecutivo. Dos de cada diez, lo consideraron como “muy malo”.
El 51.7 por ciento calificó como positiva la mediación de la Suprema Corte de Justicia en conflictos entre los otros dos poderes.
Seguridad pública
Cerca de siete de cada diez entrevistados aprobaron la frase “en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno”, mientras que 28.7 por ciento estuvo en desacuerdo. El 75.7 por ciento consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico.
Un 54.8 por ciento respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada diez afirmaron que tales garantías no pueden observarse en esta tarea.
Nueve de cada diez rechazaron ser investigados sin orden judicial en su hogar o ser despojados de sus documentos personales; dos de cada tres, a permitir que escucharan sus conversaciones telefónicas.
El 57.1 por ciento consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país; el 66.3 por ciento aseveró que un toque de queda ayuda, o ayudaría en parte, a reducir la inseguridad.
Ocho de cada diez consideraron que la gente no está protegida contra el abuso de la autoridad, tanto en la encuesta del 2003 como en la actual.
Uno de cada tres manifestó temer más al robo con violencia, al 27. 2 por ciento le preocupó ser víctima del narcotráfico y dos de cada diez expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.
Confianza en actores políticos y sociales
En este rubro, en una escala de 0 a 10, las universidades públicas obtuvieron el promedio más alto, de 7. 1 puntos; seguidos por el ejército y los maestros; mientras que los partidos políticos, los diputados y la policía, ocuparon los últimos sitios de la escala.
Seis de cada diez personas consideraron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen “poco” caso al ciudadano, mientras que poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta. En el caso del presidente de la República y los legisladores, dicho porcentaje se reduce a menos del 50 por ciento.
Reforma política
Al plantearse el escenario de una elección presidencial muy cerrada, cuatro de cada diez entrevistados opinaron que debería declararse ganador al partido con más votos; el 31.1 por ciento consideró pertinente una nueva elección entre los dos primeros lugares y el 23.7 por ciento eligió el recuento de votos.
En el tema de la reelección, más de la mitad rechazó la posibilidad de reelegir al presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores o presidentes municipales.
Estado laico
En este aspecto, casi seis de cada diez personas expresaron estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con que los ministros religiosos opinen de política durante sus servicios. El 60 por ciento se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas.
Valores autoritarios y valores democráticos
Respecto a la pregunta “La libertad y la seguridad son valores que a veces pueden chocar, si tuviera que escoger uno, ¿con cuál se quedaría?”. Casi cuatro de cada diez entrevistados eligieron la seguridad frente a la libertad, principalmente, jóvenes entre 15 y 19 años, quienes cuentan con licenciatura completa y habitantes del centro-occidente y el centro del país.
En contraste, más de tres de cada diez entrevistados se decidieron por la libertad. Casi dos de diez escogieron, espontáneamente, “ambos”.
Federalismo
Casi la cuarta parte de los entrevistados cree que los gobiernos de los estados deberían quedarse con la mayoría de los impuestos. Una tercera parte de los encuestados expresó que deben repartirse por partes iguales; mientras que uno de cada seis considera que debe ser el gobierno federal; uno de diez considera que los impuestos deben repartirse de forma proporcional.
La mitad de las personas entrevistadas cree que los servicios que proporciona el gobierno no corresponden con lo que se paga de impuestos. Un veinte por ciento considera que sí corresponden y el veinticinco por ciento expresó que sí corresponden, en parte, a lo que se paga de impuestos.
Información e interés en los asuntos públicos
La televisión, tanto en 2003 como en 2011, es el medio de comunicación más utilizado para informarse de los asuntos públicos: aproximadamente siete de cada diez entrevistados seleccionaron esta opción.
Existe un bajo nivel de interés por los temas que se discuten en el Congreso de la Unión. En general, la atención hacia estos temas disminuyó del 2003 (cuarenta por ciento) al 2011 (cincuenta por ciento).
La encuesta se encuentra disponible en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM: http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/doc/EncuestaConstitucion.pdf
