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En respuesta a la Recomendación General Número 19 “Sobre la práctica de cateos ilegales” emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia de Morelos se suma a la campaña para reforzar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio e informar a la sociedad sobre los derechos que tiene, entre otros el de declarar como testigo en un proceso, y de los requisitos constitucionales exigidos para emisión y ejecución de una orden de cateo.
De ese modo, la Procuraduría General de Justicia del estado coadyuva en el propósito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de lograr que las autoridades ajusten su actuación en las funciones de investigación y persecución del delito con apego al marco constitucional y legal, y de esta forma garantizar el respeto de los derechos humanos y por consecuencia al ámbito de la vida privada personal y familiar.
La sociedad debe tomar en cuenta que para una diligencia es importante que la orden de cateo sea emitida exclusivamente por una autoridad judicial y que cuente con la debida fundamentación y motivación. Que conste por escrito y exprese su objeto y necesidad, ubicación del lugar a inspeccionar, y persona o personas que han de localizarse o aprehenderse y los objetos que se buscan o han de asegurarse, a lo que deberá limitarse la diligencia.
De igual manera que al inicio de la diligencia se designen los servidores públicos que intervendrán en la misma. Que se levante acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia y, que por supuesto, no podrán ser los servidores públicos que auxiliaron al Ministerio Público.
A partir de hoy los agentes del Ministerio Público que reciban las puestas a disposición de personas que hayan sido detenidas en el interior de sus domicilios, sin que se hayan agotado las formalidades para efectuar un cateo por parte de elementos policiales e integrantes de las fuerzas armadas, darán vista de dichas irregularidades administrativos ante los órganos de control internos competentes y cuando así lo amerite, inicien la averiguación previa respectiva.
Cabe señalar que esta recomendación número 19 del ombudsman nacional, está dirigida al Secretario de Gobernación, al General Secretario de la Defensa Nacional, al Almirante Secretario de la Marina, al Secretario de Seguridad Pública Federal, a la Procuradora General de la República, al Procurador General de Justicia Militar; gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, secretarios de Seguridad Pública y procuradores generales de justicia de las entidades federativas.
