Hoy alrededor de las 19.00 horas, al vencerse el termino de ley, se ejercitará acción penal, por los delitos de posesión de vehículo de procedencia ilícita y amenazas, en contra del agente del Ministerio Público, Luis Brian Figueroa Fuentes, al tiempo que trasciende que se siguen las investigaciones en la Procuraduría General de Justicia, para tratar de esclarecer quién o quienes serían responsables y posibles cómplices de que el vehículo que Luis Brian conducía cuando fue señalado y detenido y que está relacionado en un secuestro y un robo, no haya sido reportado como robado, pese a que la víctima denunció los hechos desde el pasado mes de noviembre.
Como se ha informado, la tarde de este miércoles en la calle 16 de Septiembre de Acapantzingo, la víctima reconoció el vehículo Volkswagen Jetta color plata placas PWR-5784 del estado, que en el mes de noviembre le fue robado cuando secuestraron en el a su hijo, según quedo asentado en la carpeta de investigación FRV01/3255/2011.
Por lo anterior la víctima encaró al conductor de su vehículo, que resultó ser Luis Brian Figueroa, y al señalarle que era su auto que le habían robado, el ahora detenido enfrento al afectado y lo amenazo de muerte, por lo que se solicitó la intervención de la policía municipal de Cuernavaca, que al llegar y detener al presunto, se encontró con que “curiosamente”, dicho vehículo no tenía reporte de robo, en contraste con la copia de la denuncia que mostraba la parte agraviada respaldando su dicho.
Fue así como quedó al descubierto este enésimo escándalo de corrupción e impunidad, uno más que se da en la Procuraduría General de Justicia, ahora que su titular acaba de lograr su jubilación aprobada ya por el Congreso, sin haber tomado en cuenta el desempeño de este al frente de la institución y lo peor, de que su secretario ejecutivo, Agustín Pedraza Montes de Oca quiere hacer lo mismo, jubilarse para seguir viviendo a costillas del pueblo.
Pero este hecho del agente del Ministerio Público Luis Brian, tiene mucho más trasfondo, pues si el inicio sus labores como servidor público el día primero de marzo de este año, y el vehículo que poseía y conducía fue robado y se hizo la denuncia en el mes de noviembre del año pasado, se está tratando de esclarecer quién o quienes y porque no “subieron el reporte del robo” al sistema nacional para que en donde quiera que se detectara fue asegurado dicho automóvil.
De acuerdo a la información que se ha obtenido al respecto es que cuando alguien denuncia el robo de su vehículo, acude ante el agente del Ministerio Público y tras iniciar la respectiva carpeta de investigación, este le entrega un oficio que debe llevar al Grupo de la Policía Ministerial que investiga el robo de vehículos, al que tras una breve entrevista, entregara el oficio en mención que a su vez debe ser entregado por estos policías “Al Grupo” de enlace que son los encargados de “subir al sistema el reporte”.
Es por ello que la sociedad está en espera de los resultados de la investigación que se supone está realizando la PGJ, para esclarecer estos hechos, pues se sospecha que lamentablemente este no sería el único caso y que muchos más vehículos robados, y de los que se ha iniciado denuncia, no tienen reporte de robo y los delincuentes podrían andar circulando en ellos sin mayores problemas, evidenciando así de comprobarse esto, una condenable complicidad más entre funcionarios, policías y delincuentes, sospecha de deberá atender y resolver la PGJ, por el bien de la confianza social en sus instituciones.