Diputados del Congreso local recibieron hoy las comparecencias de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, Rafael García Aguilar y Mario Vázquez Rojas, respectivamente, para plantearles dudas e insuficiencias en las tareas oficiales orientadas a la prevención y la persecución de los feminicidios.
Los funcionarios fueron atendidos por los legisladores en el Salón de Comisiones del recinto legislativo, en un evento encabezado por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, diputada Adriana Mújica Murias, quien estuvo acompañada por sus homólogos Olga Marquina Romero, Karina Barreto Chiñas, Karen Villegas Montoya, Fidel Demédicis Hidalgo y Antonio Ramírez Tagle.
Cada uno de los funcionarios realizó inicialmente una exposición de los trabajos que en sus respectivas áreas se hacen en materia de prevención y persecución de los feminicidios, y posteriormente respondieron a cuestionamientos hechos por los legisladores básicamente en la implementación de las medidas a que estaban obligados desde la entrada en vigor, el 2 de septiembre de 2011, de la reforma por la que quedó tipificado el delito de Feminicidio en el artículo 213 Quinto del Código Penal, así como la recomendación que sobre el tema emitió el 28 de febrero pasado la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Luego que la presidenta de la Comisión de Equidad de Género destacara la gravedad de este ilícito señalando que han ocurrido 19 feminicidios en lo que va del presente año, el titular de la SSP, general Rafael García Aguilar, dio una amplia explicación de las acciones de esa dependencia para prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres.
Explicó que de abril de 2011 al mismo mes de este año, se recibieron en C4 un total de 152 mil 570 solicitudes de auxilio, de las cuales siete mil 114 tuvieron como víctimas a las mujeres y de ésas, 232 fueron atendidas por la Policía Preventiva Estatal; expuso que los hechos de este tipo ocurren mayormente de viernes a domingo y entre las 18:00 y las 01:00 horas, y se dan principalmente en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec y Cuautla. Uno de los principales factores que los ocasionan es el alto consumo de alcohol, ámbito en el que Morelos está en primer lugar nacional.
El secretario propuso la integración de la Comisión de Equidad de Género al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocido como PASE, a fin de que los legisladores participen activamente en la prevención de los feminicidios, lo cual fue aceptado por la diputada Mújica Murias, quien anunció que promoverá la concerniente reforma a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
En su oportunidad, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia, Mario Vázquez Rojas, ponderó el acierto de los diputados al tipificar el delito de feminicidio, al que se aplica una pena de 30 a 70 años de prisión; explicó cómo la dependencia ha cumplido con instrucciones derivadas de reformas legales en materia de capacitación y profesionalización, la elaboración del protocolo de feminicidios y el registro de mujeres y niñas desaparecidas con su publicación en una página de internet.
Dijo que la PGJ realiza investigaciones plenamente científicas, y no subjetivas, para los casos de feminicidios, que cuenta ya con un Banco de ADN que permite identificar víctimas y victimarios y aunque la tipificación del delito es relativamente nueva la dependencia ya obtuvo su primera sentencia de esta naturaleza.
Precisó que se realizan también acciones diversas y útiles como la determinación del perfil sociodemográfico de las víctimas, cuyos datos son entregados a la Secretaría de Seguridad Pública y sirven en la elaboración de programas orientados a la prevención del delito.
En su oportunidad, el funcionario escuchó de la diputada Mújica Murias la consideración de que “una cosa es capacitar y otra sensibilizar”, al mencionar ésta tres ejemplos que hablan de insuficiencias e ineficiencias de la PGJ y que se refieren a la negativa del Ministerio Público a levantar actas de desaparición de mujeres, el desconocimiento, por parte de los funcionarios, del tipo de personas que deben ser canalizadas a la Dirección de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas y los ataques a las víctimas con comentarios como el de que les hacen “trabajar en vano”.
Para complementar información solicitada por los legisladores, éstos y los funcionarios acordaron mesas de trabajo que se realizarán el miércoles 23 de mayo con la PGJ y el viernes 25 de mayo con la SSP, ambas a las 10:00 horas en el Salón de Comisiones.
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