Zona Centro Noticias El poder de la información
A catorce días de que la menor de 17 años de edad, Ana Karen Huicochea Garduño, fuera cobardemente asesinada de tres balazos por su novio, en el interior de un domicilio ubicado en la segunda sección del Fraccionamiento Burgos, denominado Casa Blanca, el Fiscal responsable de la investigación de Feminicidios en el estado, Julio Ernesto Hernández Silvar, nada ha hecho para detener al criminal, más que pedir dinero a familiares de la víctima, para realizar las investigaciones, argumentando que la Procuraduría General de Justicia no tiene recursos para hacerlas.
Así lo denuncio, Abimelec Morales, en su carácter de Consejero Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que a pesar de que los interesados le han dado información clave y fundamental, de manera oportuna al Fiscal, para que detuviera prácticamente en flagrancia al asesino, este no lo hizo.
Abimelec Morales, ex Director de Servicios Periciales de la PGJ, destacó que por medio del GPS, del teléfono del asesino, a dos horas de perpetrado el crimen, se logró establecer que el criminal, tras matar a la menor, huyo en un taxi hacia la terminal de autobuses “Indios Verdes”, en el Distrito Federal, dieron con el taxista y este confirmó esta información.
Por igual lograron averiguar que el asesino de la menor, tras cometer el crimen se fue a esconder a un pueblito del estado de Querétaro, información que con toda oportunidad, le dieron los familiares de la víctima al fiscal.
Este por su parte les pidió, afirmó Abimelec Morales, siete mil pesos para los viáticos de los agentes de la Policía Ministerial que “iban a ir a detener al asesino donde se encontraba”, porque según argumento el Fiscal, Hernández Silvar, “la institución no tiene recursos para hacerlo”, ante esto los familiares le dejaron en claro que le iban a dar el dinero pero que querían resultados, ya que si no los había, él como autoridad iba a tener problemas, ante esto el Fiscal se desistió y sólo les pidió dos mil pesos, para “las sabanas de llamadas”, del teléfono del criminal, lo que aseguran los quejosos, ni eso se ha hecho, pese a que le dieron “mil pesos más”.
Además destacó que “curiosamente”, tras de que le dieron la información al Fiscal de que el asesino se encontraba en un pueblito de Querétaro, este ya no se pudo localizar en esa zona, pero pese a esto, se logró averiguar la nueva ubicación del asesino, en que vehículo se desplaza y con quien anda, información que por igual le han hecho saber al fiscal, pero este sigue sin hacer nada.
Por el contrario, expuso Abimelec Morales, que los familiares de la menor asesinada, han recibido del Fiscal Julio Ernesto Hernández Silvar, pretextos y argumentos, como el que “no ha había solicitado los respectivos oficios de colaboración a las autoridades de Guadalajara, para detenerlo, porque estas se van a corromper y van a esconderlo, mejor hay que esperar tres meses, a que se expida la orden de aprehensión para detenerlo”.
Ante esta por demás “sospechosa actuación” del Fiscal, el Consejero Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, señalaron que a este paso, según lo que dice el Fiscal Julio Ernesto Hernández Silvar, todas las víctimas de un delito, van a tener que llegar con sus reactivos, estuches de disección para que se realicen las pruebas periciales o necropsias en los casos en los que exijan justicia o hasta con paquetes de hojas de papel para que les inicien sus carpetas de investigación, por lo que urgieron a las autoridades gubernamentales a que ya de una vez por todas pongan orden en la PGJ, pues evidentemente hay un vacío de poder que afecta de manera importante a la ciudadanía.
Ante este hecho al ser cuestionadas las autoridades de la PGJ, afirmaron que si se está trabajando, que se tiene ya la orden de aprehensión contra el imputado, sin embargo reconocieron que el exceso de burocratismo, ya que para conseguir las firmas y autorizaciones para viáticos son tardados, es lo que ha retrasado la detención del presunto asesino de la menor, pero recalcaron que se está trabajando, al tiempo en que demandaron que si el Fiscal cometió alguna ilegalidad que se le denuncie.
