Zona Centro Noticias El poder de la información
El Poder Judicial de la Federación otorgó orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigos, el ex secretario del ayuntamiento Rodrigo Gayosso y la ex tesorera de la comuna capitalina, Araceli Gonzales Verazaluce, por haber rescindido el contrato de recolección de basura a la empresa Promotora Ambiental S. A. (PASA).
Durante la tarde de este miércoles, el juzgado de primer distrito judicial federal, con sede en Cuernavaca, notició de la resolución al ministerio público federal competente, después de que había negado la orden el pasado mes de diciembre.
Se informó que respectó a las órdenes giradas en contra de la ex tesorera y el ex secretario, se buscara ejercerlas a la brevedad.
Sin embargo, en el caso del ahora diputado local y presidente del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Manuel Martínez, se iniciará el juicio de desafuero correspondiente, debido a que este cuenta con ese privilegio, al ser congresista de la presente legislatura.
Es preciso destacar que esta resolución se emite después de que el pasado 8 de enero, Guillermo Pasquel, abogado de la empresa PASA, acudió ante el Tribunal Unitario de la Federación, para interponer una denuncia de agravios cometidos por el juez primero de distrito federal, al negar la citada orden de aprehensión.
Como se recordará el mes de marzo del 2010, el entonces alcalde Martínez Garrigos, informó que el ayuntamiento de Cuernavaca, decidió rescindir el contrato a la empresa regiomontana por incumplir con el contrato establecido con la pasada administración del (2006-2009).
Argumentó que PASA no había estado realizando la recolección de basura como se había acordado y que el relleno Sanitario de Loma de Mejía, en donde se depositaban los residuos sólidos, incumplía con las normas ambientales.
Más tarde la compañía demando al ayuntamiento por haber cancelado la concesión y exigió el pago de 152 millones de pesos, por concepto del servicio de recolección de basura que se otorgaría durante 20 años, como lo indicaba el contrato firmado.
Sin embargo, las autoridades del municipio se negaron a brindar el recurso económico, por lo que los representantes jurídicos de la compañía solicitaron un embargo precautorio, el cual les fue concedido el pasado 21 de agosto del 2012.
En total se embargaron de forma provisional 61 bienes inmuebles y 20 cuentas bancarias, en tanto que el juicio en torno a este caso continúa.
