Hasta ahora a más de un año y medio de que fue asesinada y encontrado el cadáver de la investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Yadira Dávila Martínez de 37 años de edad, su esposo, imputado de haber cometido este crimen, el también investigador, pero del Instituto de Biotecnología de la UNAM, Miguel Ángel Ramírez Romero, confeso haber matado a su esposa por accidente, como parte de la estrategia de su defensa para lograr la reclasificación del delito en este caso de Homicidio Doloso a Culposo y con ello tener una condena mínima.
De esta manera Miguel Ángel Ramírez Romero, esposo de Yadira Dávila, confesó la mañana de este lunes, durante la audiencia de juicio oral correspondiente, ser culpable de la muerte de su pareja el pasado 4 de agosto del 2011.
Explicó el imputado que mientras mantenían relaciones sexuales de una forma “diferente”, su mujer, dejó de respirar.
Detalló Miguel Ángel que “La había atado de manos y del cuello… y de repente cayó al suelo, en seguida la libere, traté de reanimarla pero no reaccionó; fue un accidente, cosa de un mal momento”, reitero Ramírez Romero.
Agregó que en ese momento llamó a un amigo suyo, un abogado que radica en el Distrito Federal, al que consultó para saber que debiera hacer y el litigante le sugirió que desapareciera el cuerpo.
Es por ello que por las pruebas presentadas por la defensa del inculpado, el juez reclasificó el delito de homicidio doloso, que se le imputa a Miguel Ángel Ramírez, y determinó que ahora será juzgado por homicidio culposo.
Según esto el juez consideró que Ramírez Romero no tuvo la intención de matar a su esposa Yadira Dávila.
Al lograr la reclasificación del delito en su favor el procesado, este mismo lunes por la tarde, entregó simbólicamente el valor de su domicilio, que asciende a alrededor de un millon de pesos, como reparación del daño a su propio hijo.
Esta determinación y acción Ramírez Romero, será expuesto por la defensa en la próxima audiencia que se llevara a cabo el próximo viernes 15 de marzo, a las 14:00 horas, con el objetivo de que el imputado pudiera quedar en libertad.
Pero esta decisión se encuentra en manos de los tres jueces que conocieron del caso, quienes podría tomar una decisión el próximo viernes o en las audiencias siguientes.
Todo ello en medio de severas criticas y cuestionamientos tanto de personal de la Procuraduría General de Justicia como del Poder Judicial, que señalan con insistencia que “este caso está plagado de irregularidades, trafico de influencias al más alto nivel, pues incluso funcionarios que trabajaron para la PGJ y conocieron del caso en sus inicios hoy trabajan en la defensa del imputado, tras de que desde la misma PGJ, se conoció que la estrategia de defensa del imputado era lograr la reclasificación del delito, desde el principio, sin tomar en cuenta quién y como, fue a tirar el cadáver a las ruinas de Xochicalco, aquel 5 de agosto del año 2011 y todo lo que le hizo para tratar de desvirtuar los hechos y eso, recalcan, no fue un accidente, fue con todas las agravantes y debe ser sancionado con todo el peso de la ley o la justicia en Morelos una vez más quedará en entredicho”.
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