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La titular de la subsecretaría de reinserción social, Angélica San Vicente Cisneros, mostró ante diputados, autoridades estatales de primer nivel y medios de comunicación, un diagnóstico sobre los sistemas penitenciarios; en resumen, a una amplia serie de cifras y estadísticas, se puede mencionar que el burocratismo, la fuga de información, las infraestructuras obsoletas, la sobre población, la falta de capacitación desde hace 12 años al personal adscrito en estas áreas de reinserción social, el incremento de internos con perfiles criminales de alto impacto, los autogobiernos, el bajo salario de los trabajadores que en promedio es de cinco mil pesos mensuales, más la insuficiencia de recursos presupuestales canalizados a este rubro de reinserción social, es la realidad cruda del sistema penitenciario en Morelos.
Y esto, fue mostrado en las mismas instalaciones del Centro de Ejecución de Medidas Preventivas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA).
Mencionar que entre otras deficiencia estructurales y burocráticas en este tema, no hay criminólogos, suficientes trabajadores sociales, escasean los médicos, faltan psicólogos y no hay seguimiento post penitenciario, entre otros.
En su oportunidad, el subsecretario de gobierno, José Luis Correa Villanueva, intervino en la exposición y solicitó a los diputados presentes, un esfuerzo adicional y destinar recursos adicionales para llevar a cabo una reingeniería y solucionar esta serie de deficiencias en el sistema penitenciario, pero también, reconoció públicamente que cinco mil pesos mensuales para cualquier funcionario es insuficiente y lo calificó como salario “cacheteado” y que con esa cantidad, el profesionalismo y la lealtad de parte de los trabajadores no es una garantía.
Por su parte, los diputados mencionaron que cualquier acción que mejore este sistema de reinserción social es loable y digno de destacar, pero, preguntaron muy concretamente, cuánto se necesita y de dónde habrán de sacar el recurso.
En breve, se enviará una iniciativa al Congreso Local para reformar la ley Orgánica de la Administración Pública, la ley de Reinserción Social, y la ley de Desarrollo Económico Sustentable, con el objetivo de que repercuta de manera positiva en el sistema penitenciario y con ello se concreten las buenas intenciones para reforzar todas estas debilidades que han puesto en jaque la reinserción social, la respuesta quedó en el aíre, pese a la insistencia de los diputados y los medios de comunicación: “¿Cuál es el presupuesto que actualmente se maneja, cuánto se necesita y de dónde saldrá?”. Nunca contestaron los representantes del gobierno estatal y mucho menos la titular de la subsecretaría de reinserción social, Angélica San Vicente Cisneros, que fue la que mostró el diagnóstico y las propuestas de solución, y para los legisladores, este diagnóstico solo fue un trabajo incompleto y así lo afirmó el diputado, Juan Carlos Rivera Hernández.
Finalmente, el 67% de los internos tienen de 21 a 40 años, 37% de ellos solo tiene primaria, 38% secundaria, la sobre población en las cárceles varoniles y femeniles es de 28 % la reincidencia es de 30% y en el CEMPLA hay 19% más internos de lo que las instalaciones permiten.
