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Al participar en un evento convocado por la diputada Érika Cortés Martínez, dirigentes de diversas agrupaciones de personas con discapacidad denunciaron al gobierno del estado como uno de sus principales enemigos al negarse a publicar la Ley contra la Discriminación aprobada por la legislatura anterior, por impulsar una nueva en la que anula la creación de un Consejo Estatal del ramo, y por permitir un sistema de transporte carente de medios para atenderlos y en el que además los operadores abusan de ellos de manera cotidiana.
Ello ocurrió en la “Reunión con representantes de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad”, celebrada en las instalaciones de la Casa Cataluña del Congreso, donde la legisladora asumió el compromiso de gestionar a la brevedad posible –“aunque ya sabemos que para ellos la brevedad es relativa”- una reunión con el secretario de Movilidad y Transporte, David Gómez Basilio, en la que se le exponga cómo ruteros y taxistas les niegan el servicio a las personas con discapacidad, discriminándolas al no atenderlas cuando les hacen la parada, y las unidades no tienen aditamentos necesarios para darles un servicio adecuado.
También y a propuesta de Patricia Guevara, Beatriz Cárdenas y Magdalena Solano, de organizaciones como la Red Nacional de Prevención de la Discapacidad y el Centro Educativo Down de Cuernavaca, propondrán al funcionario analizar la posibilidad de implementar un sistema como el “Transvale”, que funciona en otras ciudades del país y sirve para que personas con discapacidad paguen el servicio de taxi y transporte colectivo, y con esos vales los permisionarios pueden pagar a su vez algunos conceptos oficiales como multas de tránsito, cambio de placas y tarjetas de circulación, revistas y otros.
La diputada Érika Cortés Martínez se comprometió además a investigar y darles a conocer la situación que guarda la Ley contra la Discriminación en el Estado, luego de que el representante del Consejo Ciudadano por los Derechos Humanos, Joel Reyes Becerril, denunció que fue aprobada por la LI Legislatura y enviada al Poder Ejecutivo para su publicación a fines de la administración estatal anterior, misma que nunca la publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y dejó fenecer el periodo de 30 días que tenía para ello.
Empero, el gobierno estatal actual, a siete meses de iniciado, tampoco la ha publicado y no tiene intención de hacerlo, sino que según Reyes Becerril estaría impulsando una nueva ley que no contenga, como la aprobada por la legislatura pasada, la obligación de crear un Consejo Estatal contra la Discriminación, el cual no es del agrado de las actuales autoridades estatales porque les costaría entre nueve y 14 millones de pesos anuales.
La legisladora Cortés Martínez anunció igualmente que presentará ante el Pleno parlamentario un punto de acuerdo para dotar al Conalep de recursos económicos para que se cubran los salarios de traductores que hacen posible que jóvenes sordos reciban instrucción académica, luego de que Elvira Chong Sánchez, directora de la Asociación Educativa Cultural y Recreativa para Sordos de Morelos, tras relatar historias de éxito de jóvenes que han egresado de esta institución, lamentó que esté a punto de perderse este programa educativo específico por falta de dinero.
También como resultado de las peticiones del grupo de dirigentes, la diputada Cortés Martínez dijo que presentará ante sus homólogos en la próxima sesión ordinaria, otro instrumento parlamentario para exhortar al Ejecutivo a fin de que a través del ICATMOR, dependiente de la Secretaría del Trabajo, retome el otorgamiento de capacitación gratuita que venía ofreciendo la administración estatal pasada a personas con discapacidad, particularmente en el municipio de Tlaltizapán, y que ahora les quieren cobrar.
Los asistentes a la reunión coincidieron en que otra de las necesidades urgentes de las personas con discapacidad es su inclusión en el área laboral, la cual no está ocurriendo ni en empresas privadas ni en dependencias públicas, mientras que Joel Reyes Becerril destacó el imperativo de centrar los esfuerzos en buscar que se publique la Ley contra la Discriminación ya aprobada, porque ello les permitiría contar con el Consejo Estatal contra la Discriminación y entonces presionar con multas económicas y hasta cárcel, a quienes los discriminen en el transporte público, en la educación, en el trabajo y en general en todas las áreas de su vida en las que hoy sufren graves limitantes.
