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Al instalar la Junta de Gobierno y tomar protesta a los integrantes del Instituto de la Defensoría Pública, el gobernador Graco Ramírez aseguró que estas acciones muestran el compromiso que el Gobierno de la Nueva Visión se ha planteado para construir instituciones que garanticen una sociedad de derechos en Morelos.
El Jefe del Ejecutivo estatal en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno, convocó a trabajar de manera conjunta, para lograr que los morelenses tengan acceso al derecho pleno del proceso de justicia.
«Esta instalación será trascendente y con el tiempo será referente a nivel nacional, ya que se está actuando en lo que yo llamo la cadena de justicia», expresó Graco Ramírez al tiempo de precisar que se ha incumplido en la garantía del debido proceso, y que no es privativo en Morelos, porque es una sociedad en todo el país.
En la ceremonia, es de resaltar la presencia de Mirta Sagrario Aguirre Gómez, directora general del Instituto de la Defensoría Pública y Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, del diputado y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Humberto Segura Guerrero y de los secretarios de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén y de Hacienda, Adriana Flores Garza.
Graco Ramírez dijo que está trabajando por reconstruir la política penitenciaria de reinserción social, por lo que a través de un juez se tendrá la garantía de que el sentenciado esté con los sentenciados, los que estén en proceso estén en el debido proceso.
Asimismo, se trabajará en la ampliación de las acciones de la defensa en otras materias jurídicas, en el proyecto de la cadena de justicia la parte acusatoria, la reconstrucción de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que será denominada Fiscalía General del Estado, la Ley de Atención a Víctimas y por supuesto se le dará un pago digno a los abogados.
En su intervención, Mirta Sagrario, dijo que esta Junta de Gobierno dará vida para que la Defensoría Pública pueda operar como un organismo descentralizado con autonomía jurídica, patrimonio propio, lo cual fortalecerá primeramente la calidad de vida de los trabajadores que prestan servicio a dicha institución y posteriormente la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.
La Defensoría Pública ya no estará limitada a brindar servicios sólo en materia penal, sino también en el ramo civil, es decir en materia mercantil, familiar y civil, con lo que se brindará un apoyo como respuesta de un gobierno progresista hacia la ciudadanía más vulnerable que lo necesita.
Finalmente, Jorge Messeguer en su carácter de secretario ejecutivo de la Junta de Gobierno, presentó el proyecto de estatuto orgánico de la Defensoría Pública para su aprobación en un periodo no mayor a 30 días, así como el calendario de sesiones: la primera sesión ordinaria sería el 17 de julio de 2013, la segunda sesión el 18 de septiembre y la tercera el 20 de noviembre.
