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La relación pobreza-hambre ha sido reconocida desde hace más de cuatro décadas por las diversas administraciones gubernamentales de fin de siglo. Hoy, más del 50 por ciento de la población se encuentra en ese estado en diferentes niveles; es decir, más de la mitad padece de falta de alimentos.
El programa gubernamental respectivo es un llamado de atención a la sociedad mexicana sobre la magnitud del problema; sin embargo, las acciones concretas muestran que sólo es un posicionamiento del tema, y de ningún modo significa la solución, consideró Felipe Torres Torres, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
De acuerdo con datos oficiales, la pobreza se ha incrementado paulatinamente. El censo de 2010 registró que los niveles se habían reducido. No obstante, las cifras de 2012 muestran que el número de pobres repuntó, y es preocupante porque se incorporaron tres millones en condición extrema.
Ello hace evidente que los programas emprendidos para contrarrestarla no han dado los resultados deseados, indicó el investigador.
México “pasa por un estado latente de subconsumo, es decir, un segmento de la población consume por debajo de los niveles nutricionales mínimos requeridos, lo que causa un problema latente de hambre. Es hambre disfrazada de subconsumo”.
Aún más, agregó, el problema es regional. Dos terceras partes de los municipios del país están en subconsumo latente, y grandes zonas urbanas se encuentran en esas condiciones.
La pretensión por atender el problema no es nueva; en los años 80, con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), se intentó algo parecido, pero fracasó, entre otras razones, porque no había una coordinación institucional adecuada. Otra experiencia fue el programa Oportunidades, de carácter asistencial, que mantuvo a la población de ciertas zonas en estado latente de pobreza.
La estrategia actual tampoco plantea corregir distorsiones del consumo como la comida chatarra, que absorbe buena parte del gasto alimentario: refrescos embotellados y productos ricos en grasas y azúcares, de bajo nivel nutricional, que no se regulan ni siquiera en escuelas.
“Tendría que considerarse la ‘deschatarrización’. No basta con campañas informativas, hay que ir al centro del problema: a la educación nutricional y a la normatividad. Imponer regulaciones a las empresas embotelladoras para reducir el contenido de azúcar en esas bebidas y orientar a los niños para diferenciar productos”.
En opinión del investigador, se deben reconocer las dimensiones del problema con base en un diagnóstico real. Aproximadamente 20 millones de mexicanos consumen menos de los requerimientos mínimos nutricionales que, de acuerdo con la FAO, deben ser de entre dos mil 600 y tres mil calorías diarias; en algunas regiones de nuestro territorio, se reportan ingestas de menos de la mitad de esa cifra.
Algo similar ocurre con las proteínas, pues un segmento considerable apenas ingiere entre 35 y 40 gramos, en vez de los 70 y 80 gramos que deben comerse a diario.
De igual manera, deben tomarse en cuenta temas relacionados con la seguridad alimentaria, disponibilidad, y calidad de los alimentos, insistió FelipeTorres. Actualmente, México importa casi la tercera parte de lo que consume su población, sobre todo artículos básicos: maíz (30 por ciento de los requerimientos); trigo (alrededor de 40 por ciento), y leche (el país es uno de los principales importadores mundiales de leche en polvo), con el consecuente riesgo de desabasto por las fluctuaciones de los precios internacionales.
Discusión aparte merece la condición estructural del campo, relacionada con este problema. “La gente abandonó el agro, y de ahí que se requiera dar certeza jurídica, tanto a la tierra, como a la producción, algo que parece estar disociado, pero es parte de la disponibilidad interna de alimentos y la sensibilidad para implementar programas de seguridad en la materia que lleven a resolver esta situación”, concluyó.
