SE SUMA GUARDIANES DE LOS ÁRBOLES A OPOSICIÓN LA AMPLIACIÓN LA PERA-CUAUTLA

Escribimos sobre lo que ocurre en Tepoztlán recordando a Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la Paz”. Las declaraciones de las autoridades estatales descalificando a los integrantes del Frente por la Defensa de Tepoztlán como un “grupito violento de opositores” han sido desmentidas por el mismo director regional de la SCT, quien confirmó las denuncias del Frente acerca de que el gobierno federal no cuenta con la titularidad de la tierra ni el derecho de vía para ampliar la carretera. Este hecho ha colocado al gobierno del estado en una lamentable situación, pues utilizó la fuerza pública para reprimir a auténticos propietarios y facilitar un despojo. Independientemente de lo que en última instancia ocurra con la carretera, deberán deslindarse responsabilidades. Mientras tanto, una disculpa pública por parte del gobierno de la nueva visión sería muy bienvenida.

Es el momento de dialogar y negociar bajo el amparo del Art. 1 de nuestra Constitución. Nos convencen los argumentos del gobierno del estado y la SCT sobre las necesidades de seguridad de los automovilistas en la carretera existente, pero no sus argumentos sobre los beneficios que reportará al turismo local. ¿Un pueblo mágico localizado en un bellísimo parque natural y dividido en dos por una autopista de cinco carriles con flujo vehicular pesado?…mmm, hay algo en esta imagen que no está bien, y no habrá dádiva o promesa clientelar que ayude a mejorarla. La reparación del daño ambiental debe ser ambiental, y nunca serán suficientes las promesas de empleo, reducciones de cuotas de peaje, construcción de edificios públicos o cualquier otro paliativo para compensarlo. Deben además revisarse a fondo, pues son claramente insuficientes, las condicionantes de la manifestación de impacto ambiental autorizadas por la SEMARNAT y establecer las garantías de cumplimento y reposición del daño adecuados. En términos viales y económicos, la ampliación de la carretera en Tepoztlán solo tiene sentido en el contexto de un programa claro de desarrollo regional, y este programa está lejos de estar claro. Para todo esto sería muy saludable que (antes de un mes) la SCT y el gobierno del estado presenten en una mesa pública de análisis y debate un programa regional de vialidad debidamente justificado que no sólo enuncie sino que explique los beneficios, costos y riesgos de su propuesta y que garantice que el flujo inter-costas de tráileres no pase por Tepoztlán ni por un sobresaturado Jiutepec. Dicho programa deberá estar claramente vinculado al Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal, ahora en elaboración, y el Programa de Cambio Climático. Al presentar este programa el gobierno deberá fortalecer el argumento de que la ampliación provocará una mejora la economía agrícola del oriente del estado, sobre todo porque, a pesar del logro reciente por la condonación de la cartera vencida, el programa agrícola no parece ser suficiente para revertir la crisis agrícola. Lo que detonará la ampliación es el crecimiento urbano e industrial sin que existan las regulaciones y normas adecuadas para evitar los impactos ambientales negativos.

Hay mucho que analizar, discutir y adaptar antes de establecer si es legítima o no la ampliación. El gobernador de Morelos no puede ocultarse detrás de decisiones parciales y obtusas tomadas por quienes le precedieron en el poder, y tendrá que trabajar con seriedad con los poseedores de la tierra y la ciudadanía capacitada en cuestiones ambientales y en los derechos humanos y las garantías constitucionales. Por el camino que ahora transita podrá ser acusado de evadir el análisis precautorio honesto que ameritan los desarrollos urbanos y complejos carreteros que, está más que comprobado, pueden ser motivo de mayor sufrimiento ambiental y social en el largo plazo. Si hemos coincidido en la lucha contra la mina Esperanza Silver y el Libramiento Norponiente, alcanzando logros importantes, ahora es el momento de hacer bien las cosas en Tepoztlán, y no de optar por el camino absurdo y degradante de la criminalización de los ambientalistas. El estado vive un desastre ecológico y tenemos encima el probable apocalipsis del calentamiento global. El destino finalmente nos alcanzó y solo queda para el buen gobernante un camino: ejercer correctamente la justicia ambiental.