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CALIFICAN COMO UN ACTO DE JUSTICIA AUTO DE FORMAL PRISIÓN A EX ALCALDES

En el Partido del Trabajo (PT), descartamos que exista una “persecución” política contra los ex alcaldes de Tlaltizapán y Zacatepec, ambos de afiliación priista como lo han afirmado actores afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A lo que llaman los priistas una “cacería de brujas” es para las y los ciudadanos un acto de justicia contra quienes abusaron de su poder, el primero por presuntamente desviar recursos económicos y el otro por acosar sexualmente a una mujer, que a su consideración tenía que estar sometida por el hecho de ser mujer.

Señalar, que aún faltan autoridades municipales que deben estar tras las rejas asumiendo el costo de sus malos actos, sin embargo, vemos un Poder Ejecutivo comprometido con la impartición de justicia hacia quienes no sólo saquearon las arcas, sino que abusaron del poder que el voto ciudadano les otorgó.

Es importante recordar que más del 80 por ciento de los municipios de Morelos quedaron en ruinas, con un solo peso en las cajas de las tesorerías para enfrentar los primeros meses de trabajo de los gobiernos entrantes, mientras ex alcaldes salían por la puerta de atrás enriquecidos, otros incluso, llegaron a ser diputados.

En el caso de los municipios de Tlaquiltenango y Jonacatepec, en dónde hoy gobierna el Partido del Trabajo, son municipios en los que prácticamente se tuvo que iniciar de cero debido a las malas administraciones salientes; Tlaquiltenango se recibió con una sola patrulla policiaca, mientras en Jonacatepec los trabajadores llevaban quincenas sin cobrar por lo que tenían tomada la alcaldía.

No obstante, en el Partido del Trabajo estamos conscientes de que existen funcionarios que cometieron errores administrativos por ignorancia, por lo que estamos seguros que debe haber medidas que eviten este tipo de actos
El Congreso del estado a través de la Auditoría Superior de Fiscalización, tiene que capacitar a las y los funcionarios sobre la importancia de tener finanzas sanas en sus municipios; impulsar un Código general de buenas prácticas financieras.

Y finalmente, los partidos políticos debemos hacer la parte que nos corresponde y promover cursos y talleres de capacitación en materia administrativa para nuestros candidatos a ocupar cargos públicos.

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