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REFORMA POLÍTICA PERMITE LA REELECCIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES

Los senadores y diputados federales podrán elegirse hasta completar 12 años en una Cámara, y de ahí podrán saltar a la otra para competir por otros 12 años, y así de manera sucesiva, pues la reforma política acordada en el Senado y la Presidencia de la República permite a los legisladores federales y estatales reelegirse de manera consecutiva.

Además, los presidentes municipales podrán reelegirse un periodo.

Pese a lo anterior, la reforma política no habla sobre la práctica existente en la clase política de cambiar de una Cámara a otra, para continuar en el Poder Legislativo.

Actualmente, sin la reelección consecutiva, una persona que fue senador seis años tiene la oportunidad de ser, inmediatamente, diputado federal tres años, y si quiere, al terminar ese tiempo, ser diputado estatal otros tres años, y al concluir, volver a ser senador por otros seis años.

Esta regla no se tocó. Así que con la reelección consecutiva una persona que sea senador en 2018 tiene posibilidades de quedarse ahí hasta 2030; si de ahí decide lanzarse de diputado federal, entra en 2030 y puede quedarse hasta 2042; y si al concluir en San Lázaro quiere ser nuevamente senador, lo podrá ser hasta 2054, y así hasta que lo decida.

Así, las posibilidades de renovación de la clase política en los órganos de poder se reducen de manera considerable.

El martes pasado, se adelantó, con el borrador del dictamen que los legisladores federales y estatales se podrán quedar en sus posiciones a lo largo de 12 años.

El dictamen de la reforma política aclara que la postulación del legislador que decida reelegirse sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado; si se trata de candidatos independientes, sólo podrán postularse con ese mismo carácter.

Control federal de órganos electorales estatales

Los institutos estatales electorales, que sobrevivirán con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; este órgano será electo con el Consejo General del INE, pues la reforma política decidió mantenerlos, pero acotados por el poder central, y no despedirá a sus actuales integrantes.
A su vez, los tribunales electorales estatales “se integrarán por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta en terna de cada legislatura local por la misma mayoría”, pero aclara que se quedan los actuales magistrados.

Los consejeros electorales estatales tendrán un periodo de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; tendrán una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del INE, por las causas graves que establezcan la ley; no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

Tampoco podrán asumir cargos públicos en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubiere participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo; los órganos electorales “contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley”.

Como también lo adelantó esta semana, los integrantes del INE serán nombrados por nueve años por un cuerpo colegiado, integrado por la Cámara de Diputados, la CNDH y el IFAI, que revisará la lista de aspirantes; formará una quinteta por cada vacante; es decir, cinco por cada uno de los 11 espacios libres, y lo enviará al pleno de la Cámara de Diputados; si vencido el plazo de elección que fije la ley secundaria los diputados no han concluido el procedimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación los elegirá.

Cambio de fechas
Además de que el Presidente de la República asumirá su cargo el 1 de octubre y no el 1 de diciembre; el Congreso de la Unión también cambiará la fecha de su instalación al 1 de agosto, ya no el 1 de septiembre, con lo cual tendrá un mes más para legislar. La fecha de las elecciones dejará de ser el primer domingo de julio para ser el primer domingo de junio, y eso acorta el periodo de campañas.
Nuevas reglas para los partidos políticos
Además de que ahora perderán en automático si rebasan el tope de gastos de campaña, los partidos políticos podrán pactar coaliciones totales, parciales y mínimas, amén de que pueden dejar al nuevo INE el manejo de sus chequeras electorales.
Así lo establece el régimen transitorio de la reforma política acordada por los senadores del PRI, PAN, PRD y la Presidencia de la República, con la participación, a distancia, de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México.
Detalla que la Ley General que regule a los partidos políticos nacionales y locales contendrá las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales; los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria.
También los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática, así como la transparencia en el uso de los recursos, los contenidos mínimos de sus documentos básicos, los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones y el sistema de participación electoral de los partidos políticos, a través de la figura de coaliciones.
Además de coaliciones totales, habrá parciales cuando compartan el 50% de candidatos, y flexibles cuando sea hasta el 25%, y aclara que un partido político que participe por primera vez en una elección no podrá coaligarse.
Y los partidos tendrán un nuevo sistema de fiscalización sobre el origen y destino de sus recursos, amén de que perderán en automático la elección que hayan ganado si rebasan el tope de gastos de campaña.

Fuente: Excélsior

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