APRUEBA SENADO REFORMA ENERGÉTICA

El Senado turnó a la Cámara de Diputados el dictamen de reformas constitucionales en materia energética, luego de 20 horas y media de discusión en el pleno, donde el PRD, PT y Movimiento Ciudadano debatieron uno por uno los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como 19 de los 21 artículos transitorios, sin lograr cambios al articulado.

Con el puño en alto, la izquierda cerró el debate reclamando a voz en cuello «¡consulta popular, consulta popular, consulta popular!» que contrastó con la euforia de senadores del PRI, PVEM y PAN que celebraron entre aplausos y abrazos.

La sesión se levantó y se citó el viernes a las 11 horas. Mientras que el personal de la policía Federal que resguardó el recinto durante 10 días comenzó a desmontar el operativo y ya hay poco personal en la entrada de Madrid y Reforma, aunque las vallas de 2.50 metros de acero permanecen en sus lugares.

Al cerrar la discusión, el priista y presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes, destacó el respeto, la seriedad y profesionalismo mostrado por los senadores de todos los partidos en este debate que duró 20 horas con 30 minutos ininterrumpidos sin que nadie abandonara su escaño, en el que hubo 209 oradores y 13 proposiciones en lo general.

Aprobado ya el último artículo transitorio, el perredista Zoé Robledo decidió retirar las cuatro reservas que tenía enlistadas para el final, lo que agilizó el cierre de la discusión, pero advirtió que esto no termina.

Mientras que los perredistas Mario Delgado y Manuel Camacho Solís reclamaron a la Mesa Directiva que agilice el trámite de conteo de las cajas que contienen las firmas entregadas, para mandarlas al IFE y arrancar con el proceso de consulta popular.

Raúl Cervantes respondió que agilizará el trámite destinando un mayor número de fedatarios para cumplir con ello.

El dictamen

El Senado avaló sin modificaciones los últimos cambios hechos al dictamen que ya había sido aprobado en comisiones, en el cual abre la posibilidad de entregar todo tipo de contratos a la iniciativa privada, que se habían limitado a los contratos de utilidad, producción compartida o de licencia, al establecer que ahora ya no podrán, sino «deberán» ser estas modalidades «entre otras».

Los cambios prevén también que aquellas empresas mineras que tengan concesiones vigentes a la entrada en vigor de este decreto sí puedan explorar y extraer gas asociado a los yacimientos de carbón, dado que se elimina esa restricción del artículo 8º transitorio.
Sin pasar a discusión en comisiones, el nuevo articulado modifica los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y trece transitorios, de los que se eliminan el retiro a los subsidios a la gasolina y la luz, así como el párrafo segundo del artículo 7º transitorio, que obligaba a México a sujetar su sector energético «a lo dispuesto en los tratados internacionales».

El nuevo articulado de la reforma perfila más recursos para los estados –en su mayoría gobernados por el PRI– a través del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, del cual también se tomará un 10% para fondear el nuevo sistema de Pensión Universal que aún se discute en el Senado.

Entre los cambios, se eleva de 60 a 90 días el plazo fijado a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para que, siendo ya empresas productivas, acrediten que pueden obtener una asignación.

Establece que Pemex y la CFE tendrán ahora hasta 2 años para convertirse en empresas productivas, mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tendrán que coordinarse para la entrega de contratos y permisos.
La iniciativa privada nacional podrá participar en los casos de, «proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. La ley deberá establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las materias de este decreto».

Las modificaciones al dictamen –que al cierre de esta edición se votarían por la madrugada—definen los lineamientos para que, en la ley, la Comisión Nacional de Hidrocarburos pueda ampliar aún más la apertura al sector eléctrico.

Se define que la CRE le corresponderá la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.

Por lo que toca a los contratos que se otorgarán a los inversionistas en toda la cadena petrolera, las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales presentaron ayer al pleno modificaciones solo con la firma de los presidentes de éstas, Raúl Gracia, Enrique Burgos y David Penchyna.

Aunque en el pasado dictamen se limitaban los contratos a cuatro modalidades, en el nuevo texto se dice que serán otros más, al establecer:

«Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, entre ellas, regular las modalidades de contratación, que deberán ser, entre otras: de Servicios, de Utilidad o Producción Compartida o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la nación, la actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta Constitución».

Aunque el artículo 27 establece que no se entregarán concesiones tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, el perredista Luis Sánchez dijo que esta modificación confirma la posibilidad de entregar abiertamente concesiones, que ya son equivalentes en las licencias.

Los cambios al artículo 27 también comprenden al sector eléctrico, al determinar que el Estado podrá entregar contratos a los particulares para participar en todos los servicios, excepto planeación y control del sistema, así como el servicio público de transmisión.

En el artículo 3º transitorio se fijan plazos para que Pemex deje de ser un monopolio y pase a ser una empresa productiva, definición que no se contenía en el anterior dictamen.

«La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la publicación de este decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado».

Se modificó el artículo 6º transitorio, donde se elimina que la Sener será la que adjudique a Pemex las asignaciones de contratos, sino que será la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Además, aunque en el anterior dictamen no se fijaban plazos, la nueva redacción dice que Pemex tendrá solamente 90 días para acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.

El artículo 11º en materia de subsidios fue eliminado y sustituido por otro en materia de electricidad, en donde se establece que «dentro del plazo previsto en el transitorio 4º del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de contratación para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución eléctrica, en términos de lo dispuesto en este decreto».