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La SEP recobró durante la actual administración la rectoría de la política educativa en México, por lo que dentro del marco legal actuará eliminando de la nómina, a partir de enero de 2015, a todos aquellos que se sigan oponiendo por «cotos de poder» al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos para implementar la reforma educativa, advirtió su titular, Emilio Chuayffet.
«La reforma está en marcha, no se va a detener. En aquellos estados donde hubo, lamentablemente, la imposibilidad de un levantamiento censal completo, seguiremos insistiendo por bien de los estados, porque los censos van a formar parte del Sistema de Información de Gestión Educativa y de él derivará la nómina de los maestros y servidores administrativos de educación en todo el país.
«La nómina ahora estará centralizada en la Secretaría de Educación Pública, de suerte que de no completar el censo en esos estados tendría consecuencias lamentablemente severas en contra de quienes, quizás, sin ninguna responsabilidad en este incumplimiento, sufrirían el efecto de no estar incluidos en la nómina correspondiente», manifestó.
Al presentar los resultados del censo, Chuayffet señaló que en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, principalmente, resultó imposible levantar la base de datos por el INEGI.
Según el censo, existen 207 mil 721 escuelas de nivel básico (40% preescolar, 42% primaria y 17% secundaria) y 2 millones 144 mil 991 personas laborando en los centros de trabajo, aunque será en marzo cuando de forma detallada se establezca cuántos profesores son realmente.
En la presentación, en la que estuvo presente Eduardo Sojo, director del INEGI, Chuayffet aseguró que la SEP acepta todas las muestras de expresión e incluso está abierta a la crítica para mejorar su labor, pero en absoluto va a tolerar que se deje sin clases a los alumnos por defender «intereses y cotos de poder».
«Salvo en tres estados del país, en los demás los maestros que han faltado han sufrido descuentos y ceses, de manera que Oaxaca no anula la reforma educativa, no puede anularla bajo ningún criterio, ni poblacional ni porcentual. De tal manera que si la reforma educativa no se lleva a cabo en Oaxaca es porque las autoridades locales no han aplicado las disposiciones legales y la SEP no tiene la facultad de aplicarla por el acuerdo de modernización educativa de mayo de 1992.
«En consecuencia, n i un estado es la patria ni el número de ese estado es tan significativo para anular todo lo que ocurre en el país. Y la responsabilidad está claramente expresada en el acuerdo de federalización, de suerte que toca a la autoridad educativa de Oaxaca aplicarla», expresó.
Refirió que el gobierno de esa entidad tiene dos tipos de responsabilidades: la inmediata, que es cumplir la ley, y la mediata, que es saber que los niños que están perdiendo clases están perdiendo futuro.
«El interés superior de la infancia, establecido en el artículo cuarto constitucional, está sobre cualquier otro derecho que pretenda alegarse. Ni los derechos laborales colectivos pueden ejercerse contrariando el derecho a la educación… No se debe tomar a los niños como rehenes de un esquema de lucha, que puede ser lícita o no, pero que ninguna manera es correcta», dijo.
Con el control de la nómina, aseveró, se va a avanzar en la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. «Desde 2008 hay informes de la Auditoría Superior de la Federación que marcan severos problemas en la presentación de cuentas del sector educativo en esta materia, y se debe hacer un inmenso esfuerzo para pagar a 2.1 millones de trabajadores, entre docentes y administrativos», expuso.
Luego de 25 años de que se «abandonó la tarea educativa como una tarea capital y primordial del Estado Mexicano», en esta administración «se recobró la rectoría de educación», agregó el funcionario.
«Hoy la educación se decide en la SEP, se resuelve en la SEP y eso no ocurría anteriormente. No tengo por qué explayarme, todos ustedes entienden a qué me estoy refiriendo», señaló.
«Hoy la SEP decide cuáles son los cauces por los que se desarrolla el proceso educativo en México. Los maestros que tenemos los vamos a ir conociendo en términos estadísticos más que cualitativos cuando se presenten los datos desagregados por parte del INEGI. Y lo mismo con las escuelas, muchas están en condiciones de abatimiento.
Planteles fantasma
Eduardo Sojo, director del INEGI, explicó que durante los dos meses del levantamiento del censo se detectó que hay 460 planteles que no se encuentran en el directorio.
«No debe haber ningún centro de trabajo que no esté localizable. Vamos a investigar si reciben presupuesto y dónde están las ineficiencias», señaló.
También aclaró que por la inseguridad, en 68 centros de trabajo no se levantaron las entrevistas, lo que representa 0.3 por ciento del total de los planteles en operación, pero dijo que sí van a ser censados.
